500 DÍAS PRESA: ¡LIBERTAD A MILAGRO YA!

Hace 500 días que la líder de la organización social Túpac Amaru y diputada del Parlasur, Milagro Sala, permanece presa en forma arbitraria por lo que diversos organismos nacionales e internacionales como la ONU y la OEA pidieron por su liberación, además de mandatarios de otros países y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. La Corte Suprema de Justicia que tan rápido aceptó el 2 x 1 para los genocidas condenados, debe decidir sobre su situación pero retarda el tratamiento. El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, con la anuencia del gobierno nacional, se dedicó, además, a destruir la obra realizada por la Túpac y a perseguir a sus militantes. Por la resolución 4483, Morales dispuso que las escuelas creadas por la organización pasaran a ser “instituciones de gestión estatal” y ordenó que se le quitaran los nombres de Túpac Amaru y Germán Abdala a dos de ellas. Esta medida se suma al abandono de los parques acuáticos y a la intención de derribar miles de las casas construidas con el pretexto de que no son seguras.

La organización social Túpac Amaru, al mismo tiempo que inició la construcción de viviendas, inauguró su primera escuela en 2003: el Centro de Educación Integrada Germán Abdala, en el que además de las materias habituales de la currícula, incorporó Historia del Movimiento Obrero y Formación Gremial, para que los alumnos tuvieran idea de dónde estaban ubicados socialmente, cuál es su historia y cuáles fueron las luchas; Formación de Proyectos, para que aprendieran cómo encarar un proyecto personal o comunitario de manera de no esperar todo del Estado;  y Autoestima y Liderazgo, en la que se les enseñaba que la pobreza es una circunstancia que puede cambiar, pero solo si el pobre no se identifica con ella.

En esta última materia, que atravesaba a todas las demás, la idea era revertir más de quinientos años de sometimiento, en los que los pobladores originarios no sólo perdieron las identidades culturales y los derechos políticos, sino que además adoptaron la mirada de los conquistadores que los condenaron a ser “indios”, con la postergación y desigualdad que a ese término le adjudicaron.

Y es aquí donde el ensañamiento del gobernador Morales, parte de la coalición gobernante Cambiemos, remonta al mismo que tuvieron los conquistadores españoles hace más de dos siglos, ante la rebelión de los antepasados de Milagro, quien tomó el nombre de su líder para bautizar al movimiento social que comenzó a armar a finales de la década de los ´90: Túpac Amaru.

El 4 de noviembre de 1780 estalló en el Virreinato del Perú la rebelión conocida como El Grito de Tinta, un movimiento liderado por José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, que había adoptado el nombre de su antepasado, el último inca de Vilcabamba, asesinado doscientos años antes por orden del virrey Toledo.

Túpac Amaru II había nacido en Tinta, el 19 de marzo de 1738. A los 20 años se casó con Micaela Bastidas Puyucahua, quien durante la revuelta se puso al frente de la columna de la retaguardia. El inca se había educado con los jesuitas del Cusco, y era propietario de chacras en su ciudad natal, de cocales, de vetas de minas y de 350 mulas.

En 1767 había sido proclamado jefe de los pueblos de Surimana, Pampamarca y Tungasuca y desde este lugar intentó que las autoridades coloniales disminuyeran el rigor con que trataban a los miembros de su comunidad, sin obtener ningún resultado.

Fue así que trece años más tarde, cansado de que no respetaran su autoridad y del maltrato a su gente, se sublevó en su pueblo natal y apresó al corregidor provincial, Antonio de Arriaga, a quien obligó a firmar una orden de pago por 22 mil pesos en metálico, varias barras de oro y animales de carga. Además, exigió que entregara todo el armamento y luego ordenó su ejecución pública en la horca.

La insurrección popular, que alcanzó hasta el norte del actual territorio argentino,  alarmó a las autoridades coloniales quienes huyeron ante el avance de Túpac Amaru quien, al llegar a las ciudades, destruía los obrajes donde habían muerto generaciones enteras de sus antepasados, abolía impuestos y derrotaba a las fuerzas españolas.

Pero la Corona logró rearmar su ejército con 18 mil hombres, y el 6 de abril de 1781, lo venció con las tropas del virrey Jáuregui y Aldecoa, y lo tomó prisionero. Junto con él fueron apresados su esposa, Micaela Bastidas; su hijo, Hipólito Túpac Amaru;  Antonio Oblitas, el que había ejecutado al corregidor Arriaga; Antonio Bastidas, Francisco Túpac Amaru, Tomasa Condemaita, José Verdejo y Andrés Castelo.

“Se condena a José Gabriel Túpac Amaru a ser sacado a la plaza de la ciudad, arrastrado hasta el lugar del suplicio para que contemple la ejecución de su mujer, Micaela Bastidas, de su hijo Hipólito, su tío Francisco, su cuñado Antonio Bastidas y algunos de sus principales capitanes. Concluidas esas ejecuciones, se cortará al Inca por mano del verdugo la lengua y después amarrado y atado por sus brazos y pies con cuerdas fuertes para atarlas a las cinchas de cuatro caballos, que tirarán cada uno en dirección a las cuatro esquinas de la plaza, de modo que sea descuartizado el cuerpo, llevando sus partes al cerro de Picchu para ser quemadas en una hoguera preparada, echando sus cenizas al viento”. Después repartieron partes de su cuerpo para ser exhibidos ante los pueblos rebeldes.

De esta manera, el 18 de mayo de 1781 fue ejecutado Túpac Amaru II, pero antes debió soportar la ejecución de su esposa y de su hijo, a quienes antes de matarlos, les cortaron la lengua en su presencia.

Después, se cumplió con la otra parte de la sentencia que ordenó que sus casas “sean arrasadas o batidas  y saladas a vista de todos los vecinos del pueblo o pueblos donde las tuviere o existan” y que  “se confisquen todos sus bienes”.

Para disciplinar al pueblo,  les prohibieron el uso de “los trajes de la gentilidad, y especialmente los de la nobleza, que solo sirven de representarles los que usaban sus antiguos Incas, recordándoles memorias que nada otra cosa influyen que en conciliarles más y más odio a la nación dominante, fuera de ser su aspecto ridículo y poco conforme a la pureza de nuestra religión, pues colocan en varias partes de él al Sol, que fue su primera deidad”.

Ordenaron también que se eliminaran  “las pinturas o retratos de sus Incas, en que abundan con extremo las casas de los indios que se tienen por nobles para sostener o jactarse de su descendencia. Las cuales se borrarán indefectiblemente, como que no merecen la dignidad de estar pintados en tales sitios”.

La sentencia dispuso además que se prohibieran las “comedias u otras funciones públicas de las que suelen usar los indios para memoria de sus dichos antiguos Incas” y “las trompetas o clarines que usan en sus funciones, a las que llaman pututos, y son unos caracoles marinos de un sonido extraño y lúgubre, con que anuncian el duelo y lamentable memoria que hacen de su antigüedad”.

Finalmente, “y para que estos indios se despeguen del odio que han concebido contra los españoles y sigan los trajes que les señalan las leyes, se vistan de nuestras costumbres españolas y hablen la lengua castellana, se introducirá con más vigor que hasta aquí el uso en sus escuelas bajo las penas más rigurosas y justas contra los que no las usen después de pasado algún tiempo en que la puedan haber aprendido”.

Esto sucedió con los antepasados de Milagro Sala hace 236 años. Cualquier parecido con Jujuy del 2017 no es pura coincidencia.

 

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