A 41 AÑOS: EL GOLPE DE ESTADO CÍVICO MILITAR EN DOCUMENTOS

A 41 AÑOS: EL GOLPE DE ESTADO CÍVICO MILITAR EN DOCUMENTOS

La dictadura cívico militar instaurada el 24 de marzo de 1976, reemplazó la Constitución Nacional por el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional, sobre el que juraron cada uno de los funcionarios designados por el gobierno de facto. Durante siete años la República Argentina se rigió por este reglamento, firmado por los integrantes de la Junta Militar, quienes tras el regreso a la democracia fueron juzgados igual que el resto de los militares que los sucedieron en sus cargos.

Entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985 se realizó el Juicio a las Juntas en el que Jorge R. Videla y Emilio Massera fueron condenados a reclusión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua por los delitos de homicidio agravado, privación ilegal de la libertad, tormentos, robo, secuestros extorsivos, falsedad ideológica y supresión de documento público. Orlando Agosti fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión e inhabilitación absoluta perpetua con destitución.

Un año después, en 1986, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida suspendieron los juicios a los militares subalternos, y en 1990 Carlos Menem firmó decretos de indulto que benefició a quienes no habían sido alcanzados por estas dos leyes.

En 2003 se promulgó la Ley 25.779 que anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales a los indultos. En 2005 comenzaron a elevarse a juicio las diferentes causas como la del Batallón 601, Centro Clandestino ESMA, Plan Cóndor, Masacre de Margarita Belén y de Trelew, entre otras, muchas de las cuales aún siguen en curso. Queda pendiente el juzgamiento a los civiles que fomentaron y apoyaron a la dictadura militar entre 1976 y 1983.

Con este Estatuto, los golpistas reemplazaron a la Constitución Nacional.

                                      ESTATUTO PARA EL PROCESO DE REORGANIZACIÓN NACIONAL

                                                                                                                                              Buenos Aires, 24 de marzo de 1976

Considerando que es necesario establecer las normas fundamentales a que se ajustará el gobierno de la Nación en cuanto a la estructura de los poderes del Estado y para el accionar del mismo a fin de alcanzar los objetivos básicos fijados y reconstruir la grandeza de la República, la Junta Militar, en ejercicio del poder constituyente, estatuye:

Art. 1.- La Junta Militar, integrada por los comandantes generales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, órgano supremo de la Nación, velará por el normal funcionamiento de los demás poderes del Estado y por lo objetivos básicos a alcanzar, ejercerá el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas y designará al ciudadano que, con el título de presidente de la Nación Argentina, desempeñará el Poder Ejecutivo de la Nación.

En caso de ausencia (temporaria, enfermedad o licencia de alguno de los miembros de la Junta Militar, el cargo será desempeñado interinamente por el oficial superior que lo reemplace en el comando de la fuerza.

Art. 2.- La Junta Militar podrá, cuando por razones de Estado lo considere conveniente, remover al ciudadano que se desempeña como presidente de la Nación, designando a su reemplazante mediante un procedimiento a determinar.

También inicialmente removerá y designará a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al procurador general de la Nación y al fiscal general de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas.

Ejercerá, asimismo, las facultades qe los incisos 15, 17, 18 y 19 del art. 86 de la Constitución Nacional otorgan al Poder Ejecutivo nacional, así como también las que los incisos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del art. 67 atribuyen al Congreso.

Art. 3.- La Junta Militar sólo sesionará con la presencia de la totalidad de la totalidad de sus miembros y sus decisiones las adoptará por siempre mayoría. La designación y remoción del presidente de la Nación se realizará conforme a lo establecido en el art. 2.

Art. 4.- El presidente de la Nación tendrá las atribuciones establecidas en el art. 86 de la Constitución Nacional, con excepción de lo especificado en sus incs. 1 (primera parte), 2 (en lo que respecta a los miembros de la Corte Suprema, cuya designación se realizará de acuerdo con lo establecido en el art. 9 del presente Estatuto), 15, 17, 18 y 19. En lo que respecta al inc. 16 del citado artículo, los empleos de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas serán provistos por el presidente de la Nación, a cuyo efecto convalidará las respectivas resoluciones de los comandos generales de las Fuerzas Armadas.

Art. 5.- Las facultades legislativas que la Constitución nacional otorga al Congreso, incluidas las que son privativas de cada una de las Cámaras, serán ejercidas por el presidente de la Nación, con excepción de aquellas previstas en los arts. 45, 51 y 52 y en los incs. 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del art. 67. Una Comisión de Asesoramiento Legislativo intervendrá en la formación y sanción de las leyes, conforme al procedimiento que se establezca.

Art. 6.- En caso de ausencia del país, licencia autorizada por la Junta Militar o enfermedad del presidente de la Nación, el Poder Ejecutivo será asumido por el ministro de Planeamiento con las mismas formalidades establecidas para el presidente. En caso de acefalía, será reemplazado por el precitado ministro hasta la designación de un nuevo presidente por la Junta Militar.

Art. 7.- Una ley establecerá el número de ministros y secretarios de Estado que tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la Nación, como asimismo sus funciones y vinculaciones de dependencia.

Art. 8.- La Comisión de Asesoramiento Legislativo estará integrada por nueve oficiales superiores, designados tres por cada una de las Fuerzas Armadas.

Art. 9.- Para cubrir vacantes de jueces de la Corte Suprema de Justicia, procurador general de la Nación y fiscal general de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, el presidente de la Nación convalidará las designaciones efectuadas por la Junta Militar.

Los nombramientos de jueces de los tribunales inferiores de la Nación serán efectuados por el presidente de la Nación.

Art. 10.- Los miembros de la Corte Suprema, procurador general de la Nación, fiscal general de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y jueces de los tribunales inferiores de la Nación gozarán de las garantías que establece el art. 96 de la Constitución nacional desde su designación o confirmación por la Junta Militar o presidente de la Nación, según corresponda.

Art. 11.- A los efectos previstos en los arts. 5, 51 y 52 de la Constitución nacional, en lo referente a los miembros de la Corte Suprema y tribunales inferiores, el gobierno dictará una ley para proveer la integración y funcionamiento de un jurado de enjuiciamiento para los magistrados nacionales.

Art. 12.- El Poder Ejecutivo nacional proveerá lo concerniente a los gobiernos provinciales y designará los gobernadores, quienes ejercerán sus facultades conforme a las instrucciones que imparta la Junta Militar.

Art. 13.- En lo que hace al Poder Judicial provincial, los gobernadores provinciales designarán a los miembros de los superiores tribunales de justicia y jueces de los tribunales inferiores, los que gozarán de las garantías que fijen las respectivas constituciones provinciales desde el momento de su nombramiento o confirmación.

Asimismo, cada provincia dictará una ley de enjuiciamiento de magistrados judiciales o adecuará la existente a la situación institucional vigente.

Art. 14.- Los gobiernos nacional y provinciales ajustarán su acción a los objetivos básicos que fijó la Junta Militar, al presente Estatuto y a las constituciones nacional y provinciales en tanto no se opongan a aquéllos.

                                                                                                                 Videla – Massera – Agosti.

 

Fuente:

  • Troncoso, Oscar. Cronología y documentación. El proceso de reorganización nacional/1. (De marzo de 1976 a marzo de 1977). Centro Editor de América Latina . Bs. As. 1986

 

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