CUANDO SARMIENTO PIDIÓ EL DESAFUERO DEL SENADOR NICASIO OROÑO

La Cámara de Diputados de la Nación, en una decisión sin precedentes, votó a favor del desafuero del diputado y ex ministro de Planificación Julio De Vido, tras el pedido de los jueces federales Luis Rodríguez y Claudio Bonadío. Lo inédito del caso es que en la causa que lleva adelante el primero por la reactivación de la mina carbonífera de Río Turbio, De Vido ni siquiera había sido indagado. Es decir, el juez ordenó detener a un acusado sin haber escuchado su descargo. En el expediente que lleva Bonadío por supuesto sobreprecio en la compra de Gas Natural Licuado entre 2008 y 2015, su decisión se basó en el informe de un perito que se contrapone con el dictamen de otro perito oficial y, además, tampoco fueron citados los ejecutivos de las compañías a las que se les habría pagado de  más.  

Para coronar las irregularidades, el voto de 176 diputados convalidó el desafuero de De Vido sentando un precedente que podría volverse en contra de los mismos legisladores, además de poner en serio peligro la independencia del Poder Legislativo frente a los otros dos poderes, el Judicial y el Ejecutivo, que podrían avanzar contra cualquier legislador que se oponga a sus decisiones. De hecho, De Vido integraba el bloque del Frente para la Victoria, el más claro opositor en la Cámara de Diputados al gobierno nacional, y aún con todas las irregularidades mencionadas terminó en la cárcel de Ezeiza.

Porque los fueros legislativos no son una prerrogativa personal sino un reaseguro del Parlamento para fortalecer su funcionamiento, libre de presiones del poder ejecutivo y también de los particulares que mediante denuncias judiciales podrían interferir en la actuación de sus miembros. Por esa razón, los casos de desafueros no abundan en la historia nacional desde que comenzó a regir la Constitución Nacional de 1853.

En la Argentina, los fueros y entre ellos la inmunidad de arresto, fueron incluidos en el Reglamento Constitucional del 22 de octubre de 1811 y desde entonces figuró en todos los reglamentos y cartas constitucionales que se dictaron. Desde 1853 se discutió hasta dónde llegaba esa protección. ¿Podía un juez indagar a un legislador por la comisión de un delito? ¿Podía procesarlo?

La propia Constitución establece algunos fueros o privilegios en forma expresa para el caso de los legisladores. El artículo 68 dispone que “ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador”. Este privilegio se conoce como inmunidad de opinión. La Constitución también otorga a los legisladores otro privilegio o fuero: la inmunidad de arresto. El artículo 69 establece: “Ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado, excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante u otra aflictiva; de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho”.

El 27 de septiembre de 1873, el entonces presidente Domingo F. Sarmiento pidió al procurador de la Nación que promoviera las acciones legales pertinentes en contra del senador nacional Nicasio Oroño a quien acusaba de perturbar el orden de la República luego de que llegara a sus manos una carta por la que se podía inferir la connivencia de Oroño con los revolucionarios jordanistas a quienes se los acusaba del asesinato del general Justo J. de Urquiza ocurrido tres años antes en Entre Ríos.

El procurador se dirigió al Senado y pidió que el legislador fuera privado de sus fueros a fin de acusarlo penalmente. Pese a que Oroño reconoció haber sido el autor de esa carta, los senadores reaccionaron y ni aún los partidarios de Sarmiento lo apoyaron porque consideraron que si se accedía a la solicitud se violaban los derechos y la independencia del Poder Legislativo.

El miembro informante, Joaquín Granel, sostuvo: “Parece imposible que un hecho que importa una absoluta negación de las nociones del derecho, tan destituido de las formas legales de que debiera estar revestido, pudiera presentarse a esta Cámara”. La comisión aconsejó no hacer lugar al pedido y devolverle la nota al procurador. El rechazo al desafuero fue aprobado por unanimidad.

Después, el senador Oroño manifestó en el recinto: “Cuando con tanta tenacidad se ensaña el poder contra mí, no es seguramente porque haya estado sometido a los caprichos de los que mandan; es, sin duda, porque he levantado siempre mi palabra y mi voto contra los abusos de poder, condenando con la energía propia de mi carácter los errores de su política y las torpes infracciones de la constitución”.

Fuentes:

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