EL AGUINALDO CUMPLIÓ 72 AÑOS

El 20 de diciembre de 1945, el gobierno del general Edelmiro Farrell anunció la firma del Decreto Ley 33.302, estableciendo que “todos los empleadores que ocupen empleados u obreros están obligados a pagarles el 31 de diciembre de cada año a partir del actual inclusive, un sueldo anual complementario por lo menos”. La disposición extendió a casi todos los trabajadores el beneficio de las vacaciones pagas, aumentó las indemnizaciones por despido y creó, además, el Instituto Nacional de las Remuneraciones con el objetivo de implantar el salario vital mínimo, sueldos básicos e intervenir en la fiscalización del pago del aguinaldo que en esa ocasión tuvo como plazo el 7 de enero de 1946.

La voz de los empleadores no tardó en hacerse escuchar. Al día siguiente, la Junta Ejecutiva de la Asamblea Permanente de Entidades de Comercio, la Industria y la Producción resolvió convocar a todas las entidades representativas del país para pronunciarse en contra de la medida, al tiempo que el Colegio y la Asociación de Abogados declararon que el decreto era inconstitucional.

Dos días después de la Navidad se reunieron casi 2.000 personas en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en una suerte de asamblea patronal inédita en el país. “Las erogaciones que el decreto impone y que no pueden cumplirse no se habrán de cumplir. ¡Nadie en el mundo puede obligar a dar lo que no se puede y menos lo que no se tiene!”, dijo el empresario Eustaquio Méndez Delfino que presidió la convocatoria.

Pero no solo los patrones se dispusieron a boicotear el decreto. También se sumaron la Federación Obrera de la Construcción, el Sindicato de la Industria Metalúrgica y la Federación Obrera de la Alimentación. ¿Qué le pasaba a esos sindicatos que militaban en contra de sus propios intereses? Estaban conducidos por socialistas y comunistas que veían detrás de la medida un gesto a favor del candidato Juan D. Perón, que ya no estaba en el gobierno pero que había sido el gestor del decreto mientras se desempeñó como Secretario de Trabajo y Previsión y que ahora se presentaría en las elecciones de febrero convocadas apenas días antes, para competir contra la Unión Democrática integrada, entre otras, por esas fuerzas políticas. Por esa misma razón, el Comité de la Unión Cívica Radical declaró que era “absurdo que para mejorar la condición de los humildes haya que empobrecer a los pudientes”.

Cuando venció el plazo para pagar el aguinaldo, casi ninguna empresa lo había hecho. En Córdoba la CGT declaró un paro de 24 horas. Los trabajadores de la provincia de Buenos Aires se sumaron a la protesta y los comercios porteños fueron tomados por sus empleados.

El 10 de enero de 1946, la Cámara de Grandes Tiendas de Buenos Aires dispuso el cierre de sus locales durante 3 días. Lo mismo hizo gran cantidad de fábricas y comercios en todo el país. Pero no pudieron resistir mucho tiempo.

A partir del 18 de enero, una a una, las asociaciones que agrupaban a los patrones fueron anunciando acuerdos con sus trabajadores. Los industriales gráficos pagaron en dos cuotas. Las empresas de transportes ya lo habían hecho en Buenos Aires, en Santa Fe y en Rosario. Los textiles prometieron cumplir con el decreto.

El lock out, además de no servir para detener el pago del aguinaldo, fue uno de los mayores favores que la oposición le hizo a Perón que, sin participar en la disputa, capitalizó aún más la simpatía de los trabajadores. Así lo demostró el resultado de las elecciones de febrero de 1946, que lo consagró Presidente de la República.

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