EL ODIO SUELE VOLVER COMO UN BÚMERAN

Por tercera vez el ex vicepresidente Amado Boudou volvió al penal de Ezeiza después de que la Sala IV de Casación revocara su excarcelación por pedido expreso de la Casa Rosada, a través de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA), organismos no autorizados para intervenir en esta instancia, y sin que lo solicitaran los fiscales que son los indicados. La sentencia por el caso Ciccone de cinco años y diez meses no está firme y no existe ningún riesgo de fuga ni de obstaculización de una investigación que ya está cerrada. La historia demuestra que el odio desparramado desde el poder suele volver como un búmeran, tal como lo experimentó Cornelio Saavedra, el presidente de la Primera Junta, quien desató la persecución judicial contra sus adversarios.

Porque esta costumbre de “encarcelar por las dudas” nos retrotrae a la época de la colonia. Entonces regían los Juicios de Residencia, un procedimiento del derecho castellano e indiano que consistía en que al término del desempeño de los funcionarios públicos debían someterse a la revisión de sus actuaciones. El funcionario no podía abandonar el lugar donde había ejercido su gestión ni asumir otro cargo hasta que concluyese el procedimiento. Producida la Revolución de Mayo, la Primera Junta adoptó esta herramienta a la que le sumó la persecución política.

​Todo comenzó con el enfrentamiento del sector conservador liderado por el presidente de la Junta, Cornelio Saavedra, y por el más progresista conducido por el secretario Mariano Moreno, que provocó el envío de este último a una misión diplomática en Europa que nunca concretó porque murió el 4 de marzo de 1811 durante la navegación hacia el viejo continente.

​Aunque Moreno se alejó, muchos de sus seguidores continuaron en el gobierno y contra ellos apuntaron los saavedristas usando los Juicios de Residencia y movilizando a los sectores populares de la campaña para que pidieran su expulsión de la Junta. En eso consistió la Asonada del 5 de abril de 1811 cuando los alcaldes de barrio, apoyados por oficiales adictos a Saavedra, se presentaron ante la Junta para exigir la exclusión de los morenistas; que Juan Larrea, Miguel de Azcuénaga, Hipólito Vieytes, Nicolás Rodríguez Peña y Domingo French fueran deportados y que Manuel Belgrano fuera separado del ejército. Juan José Castelli, que había sido enviado al Alto Perú, también cayó en desgracia.

​La Junta Grande creó el Tribunal Superior de Seguridad Pública, que tenía la misión de castigar a los adversarios del gobierno. El proceso, encabezado por Mariano Medrano, se inició el 8 de julio de 1811. En esa semana fueron detenidos y alojados en los cuarteles más de cien ciudadanos.

​Al mismo tiempo, el 15 de julio de 1811, el gobierno editó un número extraordinario de La Gazeta de Buenos Aires en el que calificó a los morenistas de “fanáticos, frenéticos, demócratas furiosos, desorganizadores, inmorales, hambrientos de sangre y de pillaje, infames, traidores, facciosos, almas bajas, cínicos, revoltosos, insurgentes, hidras ponzoñosas y corruptores del pueblo”.

​Pero el que fue tratado con mayor crueldad fue Juan José Castelli, “el orador de la Revolución”, a quien se le ordenó que regresara desde el Alto Perú después de la derrota de Huaqui, el 20 de junio de 1811. Hay que recordar que un mes antes, durante el primer aniversario de la Revolución, Castelli había convocado a un multitudinario acto en Tiahuanaco con la presencia de todos los pueblos originarios, donde les había anunciado la restitución de sus tierras.

​Cuando llegó a Buenos Aires, en diciembre de 1811, fue encarcelado en el cuartel de Patricios. Para entonces gobernaba el Primer Triunvirato que fue el que designó a los jueces que debían llevar adelante el proceso, entre ellos a Vicente Anastasio Echevarría, muy allegado a Santiago de Liniers, cuyo fusilamiento estuvo a cargo del que ahora tenía que juzgar. Por esa razón, Castelli pidió la recusación del juez que le fue concedida, pero no así la excarcelación mientras que durara el juicio. Bernardino Rivadavia se la negó a pesar de que Castelli sufría un avanzado cáncer de lengua. Se quejó, además, porque el juicio no avanzaba y porque nadie le había informado cuáles eran los cargos por los que se lo acusaba.

​El proceso fue escandaloso porque en los Juicios de Residencia se esperaba que fueran funcionarios o particulares los que hicieran las acusaciones por mal desempeño. En el juicio a Castelli fueron los propios jueces los que determinaron cuáles podían haber sido los delitos basándose en simples rumores. Además de indagar sobre su gestión y las acciones militares preguntaban si había recibido cohechos por dar empleos, si obtuvo regalos o dinero durante su mandato, si se había entregado al juego o al vicio de bebidas fuertes y si había entablado trato carnal con mujeres.

​El juicio se extendió y la salud de Castelli empeoró hasta que debieron amputarle la lengua. Falleció el 12 de octubre de 1812 sin poderse defender. Su muerte puso fin al proceso sin que se llegara a ninguna conclusión.

​Finalmente, fue la Asamblea del año XIII la que nombró una comisión integrada por siete de sus miembros para enjuiciar a quienes habían gobernado desde la destitución del virrey Cisneros. Fueron procesados treinta y cinco funcionarios que habían integrado la Primera Junta, la Junta Grande y los dos Triunviratos, entre ellos Moreno y Castelli que estaban muertos y Saavedra, Belgrano, Alberti, Azcuénaga, Matheu, Larrea, Rodríguez Peña, Paso, el Deán Funes, Vieytes, Chiclana, Sarratea y Joaquín Campana.

​En febrero de 1814 el Director Supremo, Gervasio Posadas, pidió a la Asamblea que finalizara el juicio, en una suerte de amnistía que alcanzó a todos menos a Saavedra y a Campana, que fueron condenados al destierro porque consideraron que habían actuado oprimiendo a sus compatriotas después de la asonada del 5 de abril de 1811. El odio destilado cuatro años antes se les volvió en contra.

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