EL PELIGRO DE QUE LA SEGURIDAD SE CONFUNDA CON LA XENOFOBIA

El presidente Mauricio Macri firmó un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el 70/17 por  el que formalizó cambios en la Ley 25.871 de Migraciones y en la 346 de Ciudadanía, con el objeto de expulsar extranjeros que hayan cometido delitos para lo que no se requerirá una condena firma en un proceso sumarísimo que no durará más de dos meses. El fundamento lo explicó con claridad la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando dio “acá vienen ciudadanos peruanos y se terminan matando por el control de la droga; acá vienen ciudadanos paraguayos y se terminan matando por el control de la droga, no tanto bolivianos”.

¿Es expulsando extranjeros como se resolverá el problema del narcotráfico o habría que apuntar a la connivencia de cierta parte del poder político y judicial, y  sectores de las fuerzas policiales para llegar a la raíz de la complicidad que permite el crecimiento de este negocio?

La historia tiene algunas experiencias para ofrecernos con las que se demuestra que no sirve legislar “para la tribuna” y que los conflictos no se resuelven buscando chivos expiatorios.

Porque eso fue lo que sucedió en 1902 con la Ley 4.144, conocida como Ley de Residencia o Ley Cané en honor al senador Miguel Cané, conocido por ser el autor de Juvenilia, que habilitó a expulsar sin juicio previo a inmigrantes que alteraran el orden y la seguridad nacional. La realidad del conflicto fue que a partir de la crisis de 1890 y el aumento de la inmigración, la situación de los trabajadores era miserable. En el mismo año de la sanción de esa ley se sucedieron las huelgas en las que se reclamaban derechos que hoy resultan naturales: jornada laboral de 8 horas, descanso de 36 horas por semana, los estibadores exigían que se rebajara el peso de las bolsas que cargaban en los puertos a 65/70 kilos de los 100/112 kilos que levantaban, que les pagaran el salario en dinero y no en vales que los obligaba a consumir en las proveedurías de los patrones, que se implementara seguros por accidentes de trabajo que cuando ocurrían dejaban a los trabajadores sus familias sin sustento mientras durara su invalidez.

El conflicto real era la injusticia y el maltrato a los trabajadores que reaccionaban para mejorar su situación. Sin embargo, la dirigencia de la época decidió que el problema eran los anarquistas que habían llegado entre los inmigrantes con sus ideas díscolas y la solución era expulsarlos. La primera reacción del Estado fue la represión y la violencia, luego el Estado de Sitio, y por último la Ley de Residencia primero, y la de Seguridad Social en 1910.

En 1902, el presidente Julio A. Roca llamó al Congreso a sesiones extraordinarias y el 22 de noviembre fue aprobada la ley que otorgaba al Poder Ejecutivo la facultad de expulsar del país a cualquier extranjero que haya sido condenado en su país de origen por crímenes o delitos de derecho común y podía ordenar la salida de aquellos que atentaran en contra la seguridad nacional, con un plazo de tres días, pudiendo ordenar su detención hasta el momento del embarco.

Una vez sancionada, solamente en una semana fueron deportados 500 inmigrantes. El diario La Prensa del 6 de mayo de 1903 hizo una evaluación de la aplicación de la ley y sostuvo que fue sancionada con apresuramiento y que se transformó en un “instrumento de terror que la policía esgrimió en cumplimiento de órdenes superiores, con la arbitrariedad más extremada”. Agregó después que “se probó en repetidas ocasiones que los expulsados eran hombres tranquilos y laboriosos, arraigados de largos años en el país, padres de hijos argentinos, y a pesar de todo se les arrancó de sus hogares y se condenó a sus familias a la más espantosa miseria” y que muchos de los expulsados acreditaron “que habían sido víctimas de una negra injusticia, y sus clamores provocaron en todos los países cultos un movimiento universal de protesta”.

Lejos de disminuir, las protestas obreras aumentaron porque en nada se mejoró la situación a pesar de que el mismo gobierno le encargó al médico catalán Juan Bialet Massé que realizara un estudio sobre la situación de los trabajadores que presentó bajo el título de Informe sobre el estado de la clase obrera en el interior de la República. Sus conclusiones fueron lapidarias y recomendó al gobierno la necesidad de implantar la jornada de ocho horas, el descanso semanal, el salario mínimo, la protección para el trabajo de mujeres y niños y la responsabilidad patronal por accidentes de trabajo. Sobre estos datos el ministro Joaquín V. González elaboró un proyecto de Código de Trabajo que presentó en 1904 pero no fue aprobado.

Las fiestas del Centenario de 1910, se vivieron bajo el Estado de Sitio, y el 26 de junio explotó una bomba en el Teatro Colón activada por anarquistas. Fue entonces que se sancionó la Ley de Defensa Social por la que se prohibía la entrada al país de anarquistas, se establecían penas de 3 años hasta la pena de muerte aplicable a quienes produjeran explosiones con daños a edificios públicos hasta la muerte de personas.

Pero nada se resolvió. Cada 1° de Mayo se multiplicaban las protestas con el saldo de cientos de trabajadores heridos y muertos. La violencia se detuvo cuando el Estado se ocupó de los trabajadores. Pero todavía tuvieron que esperar más de treinta años hasta que el coronel Juan Domingo Perón transformara la Dirección Nacional de Trabajo en una Secretaría que comenzó a mejorar las condiciones laborales, la real causa del problema.

Datos del Ministerio de Seguridad.

Presos totales 71.464
Extranjeros 4.307 6%
Nacionales 65.157 94%

 

Presos por delitos federales 10.871
Extranjeros 2.342 21,5%
Nacionales 8.529 78,5%
Presos por ley de drogas: 3.696
Extranjeros 1.220 33%
Nacionales 2.476 67%

 

Fuentes:

 

 

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