Esa bochornosa costumbre de escuchar

La difusión de una conversación privada de julio del año pasado entre la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex titular de la Agencia Federal de Informaciones (AFI), Oscar Parrilli, trajo al presente tiempos siniestros en que la inteligencia del Estado era utilizada para perseguir a opositores. Entonces el riesgo era la vida misma, ahora es la posibilidad de terminar en la cárcel y quedar proscripto de la política.

La historia demuestra que desde los albores de la Patria el espionaje contra los adversarios fue moneda corriente. Una carta del general José de San Martín a su amigo Bernardo O´Higgins escrita en 1827 desde Bruselas da cuenta de que el gobierno de Bernardino Rivadavia lo espiaba.  El método era interceptar la correspondencia. Así se lo dice en su carta: “Confinado en mi hacienda de Mendoza y sin más relaciones que con algunos de los vecinos que venían a visitarme, nada de esto bastó para tranquilizar la desconfiada administración de Buenos Aires; ella me cercó de espías, mi correspondencia era abierta con grosería; los papeles ministeriales hablaban de un plan para formar un gobierno militar bajo la dirección de un soldado afortunado, etc., etc.; en fin, yo vi claramente que era imposible vivir tranquilo en mi patria interín la exaltación de las pasiones no se calmase, y esta incertidumbre fue la que me decidió pasar a Europa”.

Durante la guerra civil en la que se enfrentaron Unitarios y Federales, el espionaje estuvo a la orden del día y por esa razón solían usar claves para escribir las cartas.  

Pese a que en 1853 la Constitución Nacional incluyó en los derechos y garantías de los ciudadanos la inviolabilidad de la correspondencia, con la inauguración del telégrafo en 1874 aumentó la intensidad del espionaje sobre todo de los hombres de la más alta magistratura. En 1880, cuando la revolución de Carlos Tejedor por la cuestión de la Capital Federal, el entonces subsecretario de Marina, Olegario Ojeda le advierte al ministro de Guerra Julio A. Roca: “Jamás te hago telegrama porque se que primero pasarán por los ojos de (Luis) Cané y después irán al aparato. Hay orden terminante de avisarte de todo despacho dirigido a ti o por ti y no hay una sola palabra tuya que se le escape”.

Existía una intensa relación entre el espionaje y los medios de comunicación donde terminaba publicado lo espiado. En 1890, el ex diputado nacional Dámaso Palacio sostiene en una carta a Roca: “todo despacho que llega o sale por la Oficina Telegráfica de ésta (Córdoba) se publica su contenido en los diarios cívicos. Esto necesita ser prontamente remediado”.

No solo no se remedió sino que empeoró con la aparición de nueva tecnología en las comunicaciones. Con el teléfono los espías tuvieron un nuevo medio  en el que ocuparse. En 1906, se creó Orden Social,  un departamento que dependía de la Secciones Investigaciones de la Policía, con el objeto de controlar a los anarquistas. En 1910, se transformó en Orden Público..

Pero fue a partir del golpe de Estado de 1930, cuando la división Orden Político, regenteada por Leopoldo Lugones (h),  desplegó una enorme red de espionaje en contra de los yrigoyenistas que terminaba en encarcelamiento y tortura. Los papeles personales del ex presidente Agustín P. Justo (1832-1838) contienen informes con membrete de escuchas telefónicas. Las fichas incluyen nombre, hora y tema de conversaciones de adversarios, sus esposas, hijos y hasta el servicio doméstico.

En 1946, el general Juan D. Perón creó la Coordinación de Informaciones del Estado (CIDE), organismo que fue rebautizado como Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE) por el golpe militar de 1955 y que tuvo su mayor atención en el peronismo. Desde entonces, el espionaje además fue complementado por el Servicio de Inteligencia del Ejército (SIN), el Naval (SIN) y el Aeronáutico (SIA) con actuaciones trágicas y conocidas durante la última dictadura de 1976.

Con el regreso de la democracia en 1983, el ex presidente Raúl Alfonsín se propuso desmilitarizar la SIDE y romper sus lazos con los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Por primera vez el jefe fue un civil. La reacción de los “servicios” fue el secuestro y asesinato del empresario Osvaldo Sivak en 1985 y la infiltración de Raúl Guglielminetti, el “mayor Guastavino”  del centro clandestino de detención Automotores Orletti,  en la custodia del mismo Presidente.

La SIDE de Carlos Menem estuvo complicada en el atentado en contra de la AMIA en julio de 1994, causa en la que están imputados el ex presidente, el ex jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy, y el ex policía Jorge “Fino” Palacios, entre otros, causa que todavía tiene repercusiones en la actualidad con el suicidio del fiscal Alberto Nisman.

En el año 2000, se difundieron cintas con conversaciones privadas entre el ex presidente Menem y su hija Zulema. Un grupo de ex agentes desplazados de la SIDE por el gobierno de la Alianza elaboró un informe en el que denunció que “el uso de grabaciones con conversaciones privadas sería uno de los método elegidos por el equipo de campaña que lidera Antonio De la Rúa y que monitorea una vez por mes Dick Morris, uno de los principales expertos en campañas electorales en los Estados Unidos”, que “trabaja para el gobierno con un contrato especial y cobra sus honorarios a través de la secretaria de Turismo, a cargo de Hernán Lombardi”. Un año después, en 2001,  por Ley 25.520 se creó el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) que concentró en la Secretaría de Inteligencia la capacidad de interceptar comunicaciones telefónicas con orden judicial.

El nombre de “Fino” Palacios vuelve a aparecer porque fue el hombre que el entonces jefe de Gobierno, Mauricio Macri convocó para conformar la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. En 2010, Macri fue acusado por la justicia federal de ser partícipe necesario de una red de espionaje que incluyó escuchas telefónicas a un activista de la causa AMIA, a empresarios y hasta a su propio cuñado. Fue sobreseído en 2015, casualmente al día siguiente de ganar las elecciones como candidato a presidente. Pero varios de sus funcionarios siguen procesados y deberán responder en juicio oral en el curso de este año.  

En enero de 2015, a una semana del suicidio del fiscal Nisman, la presidenta Cristina Fernandez de Kirchner envió al Congreso un proyecto para crear la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que se transformó en la ley 27.126 y que dispone que las escuchas telefónicas pasaran a depender del Ministerio Público Fiscal, porque no depende formalmente de ninguno de los tres poderes de la Nación.


Fuentes

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