EXTINCIÓN DE DOMINIO: ¿CORRUPCIÓN O PERSECUCIÓN POLÍTICA?

El Presidente de la Nación anunció ayer la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establece la Extinción de Dominio con el objeto de quitarle bienes a personas imputadas en causas de corrupción, narcotráfico o trata de personas sin condena firme, con una retroactividad de 15 años, y con un nuevo procedimiento instalado en el fuero civil y la creación de una fiscalía especial para recuperar esos bienes. La medida contradice a la Constitución Nacional que en su artículo 99 impide que el Poder Ejecutivo incursione en materia penal, además de que en ese Código existe la figura de enriquecimiento ilícito.

El Poder Ejecutivo basó este DNU en un proyecto presentado por el ex diputado Sergio Massa en 2016, que tuvo media sanción de Diputados pero fue devuelto por el Senado quien lo calificó de “mamarracho jurídico” y actualmente permanece en la Cámara Baja sin que fuera vuelto a tratar.

Con el argumento de recuperar dinero o bienes supuestamente mal habidos que podrían ser usados para realizar obras, una vez más el Estado nacional corre serios riesgos de terminar pagando cifras millonarias si la persona acusada resulta absuelta y entabla juicio por daños y perjuicios para que le sea devuelto lo injustamente confiscado, además de encubrir la persecución política contra adversarios políticos. Así lo demuestra la historia.

La figura de confiscación fue heredada del derecho español y el gobierno patrio a partir de 1810 lo aplicó en varias oportunidades durante la guerra por la Independencia.

Y pese a que la historia oficial suele referirse a las innumerables confiscaciones en tiempos del gobierno de Juan Manuel de Rosas, justamente fue él quien en 1835 por un decreto declaró abolida esta pena. No obstante, en 1840 la aplicó a los cómplices del general Juan Lavalle quien, en pleno conflicto con Francia, invadió el Litoral financiado y apoyado por buques de esa nacionalidad. Todos esos bienes fueron devueltos en 1852, luego de la batalla de Caseros que lo derrocó.

Después de ese año el confiscado fue el mismo Rosas quien murió en el exilio, en Inglaterra, sin haber podido recuperar sus bienes a pesar de que en el juicio realizado en su ausencia en 1857 no se le pudo probar ningún defalco en perjuicio del Estado. Los triunfadores se habían propuesto que quedara en la historia como un ladrón. Recién en 1886, nueve años después de su muerte, su hija Manuelita pudo recuperarlos en forma parcial. El 3 de febrero de 1889, en el 46 aniversario de la batalla de Caseros, se derribó la casa de Rosas en Palermo y en el mismo lugar se instaló la estatua de su enemigo Domingo F. Sarmiento y se le puso su nombre a la avenida que pasaba por la puerta de la residencia. Fue clara la persecución y la revancha.

En 1955 otra vez se recurrió a la figura de recuperación de bienes supuestamente mal habidos, aunque la real intención era defenestrar al peronismo. La autodenominada Revolución Libertadora, con el Decreto 479/55, creó la Comisión Nacional de Investigaciones (CNI) y la Junta Nacional de Recuperación Patrimonial que debían comprobar el origen de los bienes de los funcionarios públicos y allegados al gobierno democrático de Juan D. Perón depuesto ese año.

Se crearon más de 400 subcomisiones para investigar también en las provincias y municipios, pero tampoco se pudo probar nada aunque cientos de funcionarios, diputados y empresarios fueron presos. La CNI dejó de funcionar al año siguiente y toda la documentación se depositó en la Fiscalía Nacional de Recuperación Patrimonial que, en 1967, fue trasladada a la Secretaría General de la Presidencia. En 1973 el ministerio de Justicia recibió la documentación, y desde 2002 el material está disponible en el Archivo General de la Nación donde los expedientes ocupan 230 metros lineales. En 2014, todavía seguían litigando por bienes de Perón que permanecen depositados en el Banco Ciudad, entre ellos, el auto justicialista.

La dictadura de 1976 de nuevo resucitó la idea. Por decreto 3245/77 creó la Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial (CONAREPA), integrada por oficiales de las tres Fuerzas Armadas y 97 abogados y contadores. Sin pruebas confiscaron los bienes de Isabel Perón y otras 80 personas causando una perdida para el Estado de 200 millones de pesos.

Tras el retorno a la democracia en 1983, la mayoría de las sentencias ordenaron al Estado que devolviera los bienes “en las mismas condiciones que se encontraban” en el momento de la confiscación. Se debieron reintegrar un total de 80 inmuebles a Isabel Perón, Lorenzo Miguel, Carlos Menem, Héctor Cámpora y Carlos Ruckauf, entre otros. La cuestión fue que el Estado no disponía de fondos para restaurarlos y algunos de ellos estaban ocupados por terceros. En 2001 todavía una decena de personas tenían juicios abiertos en contra del Estado.

En todos los casos, esgrimiendo el castigo a la corrupción, se encubrió la persecución política y esta vez no es la excepción. La retroactividad de 15 años da justo el comienzo de los gobiernos kirchneristas.

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