FALLO DE LA CORTE: UN INDULTO ENCUBIERTO

El fallo de la Corte Suprema de Justicia que aplica la ley derogada del dos por uno para las penas de prisión a un condenado por delitos de lesa humanidad, abre las puertas para que todos los acusados por iguales delitos invoquen la aplicación del mismo beneficio. Es decir, que se trata de un indulto encubierto.

Si existe una vieja costumbre en la Argentina, es la de suponer que con el dictado de amnistías o indultos se pueden saldar las heridas del pasado. Y la historia demuestra todo lo contrario, que no solo el pasado sigue pendiente sino que además los perdonados repitieron las mismas conductas tiempo después.

Esta costumbre del perdón nació con la Patria misma. En 1811, el Primer Triunvirato concedió una amnistía para los sublevados después de que Cornelio Saavedra echara a Mariano Moreno de la Primera Junta. Pero, poco después, los “morenistas” recobraron el poder y mandaron a la cárcel a Saavedra. Por eso, en 1814, la Asamblea del año XIII dictó otra amnistía para sacarlo de la prisión.

En 1826, el Congreso General Constituyente sancionó otra amnistía el mismo día que eligió presidente de la República a Bernardino Rivadavia. Al poco tiempo, fue destituido y se derrumbó el poder nacional. Manuel Dorrego asumió como gobernador de Buenos Aires, pero Juan Lavalle lo derrocó y lo fusiló. Juan Manuel de Rosas se enfrentó a Lavalle, ganó y gobernó 20 años, durante los cuales también dictó una nueva amnistía.

Después del combate de Caseros que derrocó a Rosas, el general Justo J. de Urquiza decretó una amnistía, pero luego de la sanción de la Constitución de 1853, el primer perdón fue dictado recién en 1875 para beneficiar a Bartolomé Mitre, el primer presidente constitucional con la nación unificada, quien se había levantado un año antes en contra de la elección de Nicolás Avellaneda como presidente de la República. Dos años después, se sancionó otra amnistía para que los antes perdonados pudieran, además, cobrar sus sueldos de militares. En 1888 se dictó otro perdón, esta vez para los que habían participado en la revuelta de Entre Ríos que terminó con el asesinato de Urquiza en 1871.

En 1890, se sancionó una amnistía para perdonar a los que habían participado en la Revolución del Parque, entre los que estaban Leandro N. Alem e Hipólito Yrigoyen, quienes volvieron a hacer una revolución en 1893 por la que fueron perdonados otra vez en 1895. Pero Yrigoyen volvió a levantarse en 1904, y de nuevo fue perdonado en 1906. En 1923 hicieron otra amnistía para exonerar a todos los que, por distintas razones, no habían entrado en los perdones anteriores.

En 1930, un golpe de Estado echó a los radicales del poder y los proscribió. Dos años más tarde, se decretó una amnistía para los que participaron de ese golpe, pero los radicales siguieron proscriptos. Por eso, en 1941 se dictó una amnistía para los radicales excluidos. En 1943, se produjo un nuevo golpe de Estado, y en 1947 se sancionó una amnistía para los responsables de ese movimiento. En 1953, durante el gobierno de Juan D. Perón, se dictó una amnistía para los presos políticos, pero en 1955 los perdonados dieron un golpe de Estado, derrocaron a Perón y sancionaron una amnistía para todos los que hubieran actuado en contra del gobierno democrático depuesto.

En 1958, el presidente Arturo Frondizi se propuso en serio empezar de cero. Concedió, entonces, una amnistía que incluía a todos, desde 1930 hasta esa fecha. Pero los militares se dividieron en “Azules” y “Colorados”, y derrocaron a Frondizi. En 1963, el presidente Arturo Illia dictó una amnistía para perdonarlos. Tres años después, el jefe perdonado de los “Azules”, general Juan Carlos Onganía, derrocó a Illia y tres años después dictó una amnistía para los peronistas que seguían proscriptos y que habían participado en el plan de lucha gremial de 1964.

En 1973, durante la presidencia de Héctor Cámpora, se sancionó una amnistía para los presos durante las dictaduras militares instauradas desde 1955, varios de ellos integrantes de organizaciones guerrilleras. Los detenidos salieron y algunos volvieron a tomar las armas.

En 1976 se produjo el último golpe de Estado que desapareció, mató y torturó a miles de personas, y robó a bebés que todavía sus familias están buscando.

Con el regreso a la democracia, los jefes de las Juntas Militares fueron condenados pero en 1986 y 1987, después de los levantamientos de militares carapintadas, se dictaron indultos encubiertos con forma de leyes: la de Obediencia Debida y el Punto Final, que evitaron el juzgamiento de las líneas inferiores de mando que habían participado del genocidio. Pero en 2005 esas leyes fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia. El 3 de diciembre de 1990 se produjo un nuevo levantamiento de militares carapintas, y el 29 de ese mismo mes Carlos Menem, por decreto, indultó a los jefes militares condenados. La inconstitucionalidad de la Corte llegó en 2010.

Hoy, los tiempos cambiaron. Con la incorporación de dos nuevos jueces, la Corte Suprema retrocede sobre sus propios pasos. Muchos de los responsables de crímenes de lesa humanidad están siendo juzgados todavía en el presente. Otros ya fueron condenados con sentencias que tuvieron trascendencia internacional. Por ellos, en esta ocasión, en vez de usar la palabra “indulto” o “amnistía”, la Corte Suprema emitió un fallo que podrá ser utilizado por otros genocidas para recuperar la libertad.

Fuente:

  • Nueva Historia de la Nación Argentina. Tomos IV, V, VII y VIII. Academia Nacional de la Historia. Editorial Planeta. Bs. As. 2000.

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