IGLESIA: ¿OTRA VEZ CON LA RECONCILIACIÓN?

En la reciente Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) se anunció que los obispos recibirían testimonios directos de un grupo de familiares de militares y de desaparecidos para promover la reconciliación entre los argentinos. Ante el rechazo de los organismos de derechos humanos y de otros sectores se aclaró que en ningún momento los prelados pensaron en sentar en una misma mesa a los convocados, sino que se trataba de una invitación para escuchar los testimonios y luego reflexionar, porque muchos de los obispos actuales eran seminaristas en aquel tiempo.

De los ochenta y nueve obispos que hoy conforman la CEA, casi la mitad fueron ordenados sacerdotes antes o durante la dictadura militar: veintitrés entre 1964 y 1975, y veinte entre 1976 y 1982. Los otros cuarenta y seis fueron consagrados con posterioridad al regreso a la democracia. Quiere decir que casi la mitad de la CEA conoce, en forma personal, qué sucedió durante la dictadura cívico-militar y cuál fue la actitud de la jerarquía eclesial con las divisiones que existían en su seno.

Es imposible pensar que aquellos jóvenes sacerdotes, hoy obispos, no hayan debatido las disposiciones del Concilio Vaticano II, que finalizó en 1965, y las de la Conferencia Latinoamericana de Medellín de 1968, que produjeron un giro en la Iglesia desde una lectura espiritualista del Evangelio hacia una mirada sociohistórica en la interpretación de esos textos en relación con la situación política y social que se vivía.

Estos dos eventos produjeron una crisis en la iglesia argentina, una de las más conservadoras de América Latina, cuya jerarquía se dividió en un sector tradicionalista, que apoyaba abiertamente a las Fuerzas Armadas; otro conservador, que no impedía los cambios propuestos por el Concilio pero trataba de dosificarlos; y los minoritarios renovadores, fragmentados también en moderados y progresistas.

Esos jóvenes sacerdotes, hoy obispos de la CEA, sabían que monseñor Jaime De Nevares en Neuquén, Enrique Angelelli en La Rioja, Miguel Hesayne en Viedma, Alberto Devoto en Goya y Jorge Novak en Quilmes aplicaban una pastoral popular en sus diócesis al tiempo que condenaban abiertamente a la dictadura, a diferencia de los vicarios castrenses Adolfo Tortolo y Victorio Bonamín, o el arzobispo de La Plata, monseñor Antonio Plaza, o el de Rosario, Guillermo Bolatti, entre otros, quienes exaltaban a las Fuerzas Armadas, a las que consideraban como custodios de los valores cristianos puestos en jaque por el marxismo.

Cabe preguntarse si aquellos nóveles curas no reaccionaron en 1975 frente al asesinato de los padres Carlos Mugica y José Tedeschi, ambos consagrados al trabajo en las villas. ¿No recibieron el impacto de la masacre de los palotinos en 1976 o el asesinato del obispo Angelelli disfrazado de accidente automovilístico ese mismo año? ¿No comentaron la detención de los jesuitas Orlando Yorio y Francisco Jalics? ¿Y la desaparición de las monjas francesas en 1977?

No es razonable pensar que aquellos recién ordenados no hubieran leído el documento Iglesia y Comunidad Nacional que la CEA publicó en 1981 en el que, aún en dictadura, llamaron a la “reconciliación” y plantearon la “teoría de los dos demonios” cuando en el primer capítulo titulado Nuestra Historia, escribieron: “El mal de la violencia no es extraño a nuestra historia. Se hizo presente en diversas épocas políticas, pero nunca en forma tan destructora e inhumana como en estos últimos años”.

Y luego, agregaron: “La violencia guerrillera enlutó a la Patria. Son demasiadas las heridas infligidas por ella y sus consecuencias aún perduran en el cuerpo de la Nación. Y, así como es dificultoso dar un diagnóstico de sus causas, no es menos difícil acertar con una verdadera terapia que cure sus efectos. Resulta imprescindible el discernimiento sobre las fuentes que la alimentaron, tanto en orden interno como externo, para evitar su resurgimiento, con su consecuente caudal de muerte, atropello e injusticia. Distorsiones ideológicas, principalmente las de origen marxista, desigualdades sociales, economías afligentes, atropellos a la dignidad humana, serán siempre, en cualquier parte del mundo, caldo de cultivo para extremismos, luchas y violencias”.

En un mismo plano, los obispos colocaron a los militares que ejecutaron la represión al sostener que “también se debe discernir entre la justificación de la lucha contra la guerrilla, y la de los métodos empleados en esa lucha. La represión ilegítima también enlutó a la Patria. Si bien en caso de emergencia pueden verse restringidos los derechos humanos, éstos jamás caducan y es misión de la autoridad, reconociendo el fundamento de todo derecho, no escatimar esfuerzos para devolverles la plena vigencia. (…) Porque se hace urgente la reconciliación argentina, queremos afirmar que ella se edifica sólo sobre la verdad, la justicia y la libertad, impregnadas en la misericordia y en el amor”.

El capítulo finaliza señalando tres preocupaciones: la economía, los medios de comunicación que distorsionan los valores y “de un modo especial, la situación angustiosa de los familiares de los desaparecidos, de la cual ya nos hicimos eco desde nuestro Documento de mayo de 1977, y cuya preocupación hoy reiteramos; así como también el problema de los que siguen detenidos sin proceso o después de haber cumplido sus condenas, a disposición indefinida del Poder Ejecutivo Nacional. Esta mención no significa que olvidemos el dolor de las víctimas del terrorismo y la subversión. A ellos llegue también nuestra palabra de consuelo y comprensión”.

En el mencionado documento de 1977, si bien la CEA reclamó por los desaparecidos, lo hizo con la misma ambigüedad que en 1981, cuando reclamó por “las numerosas desapariciones y secuestros, que son frecuentemente denunciados, sin que ninguna autoridad pueda responder a los reclamos que se formulan, lo cual parecería manifestar que el gobierno no ha logrado aún el uso exclusivo de la fuerza”.

Es claro que durante la dictadura cívico-militar el episcopado argentino se limitó a plantear sus críticas en forma velada y en reuniones reservadas con autoridades de las tres armas. Basta leer la carta que el entonces presidente de la CEA, cardenal Juan Carlos Aramburu, dirigió al presidente de facto, general Reynaldo Bignone, el 29 de octubre de 1982, en la que escribió: “Sin embargo, y cumpliendo el expreso mandato de la Asamblea Plenaria, manifiesto a Vuestra Excelencia que, si bien comprendemos el peligro de excepcional gravedad que para el país significó el embate guerrillero y que exigía una justa defensa —peligro que fue por los Obispos denunciado y su causa condenada claramente—, los Obispos no compartimos la argumentación que subyace en la carta de Vuestra Excelencia. En efecto, de su simple lectura se deduciría que puesto que el enemigo apela a recursos arteros, también pudieran hacerlo las fuerzas del orden, empleadas en nombre de la Patria y de la paz. Esto implicaría la aceptación de la teoría que el fin justifica los medios, cuya enunciación es inaceptable para el cristiano”.

Los actuales obispos conocen muy bien los pronunciamientos y la postura de la Conferencia Episcopal Argentina durante la dictadura. También vivieron lo que sucedió. No necesitan el testimonio de nadie para reflexionar sobre aquel tiempo.

Fuentes:

La Iglesia y los derechos humanos. Extractos de algunos documentos y memoria de algunas intervenciones de la Conferencia Episcopal Argentina acerca de la violencia y sobre diversos derechos humanos. 1970-1982. Conferencia Episcopal Argentina. Instituto Salesiano de Artes Gráficas. Bs. As. 1984

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