LOS PRESIDENTES Y LOS DNU

Una vez más, el presidente, Mauricio Macri, apeló a los Decretos de Necesidad de Urgencia para esquivar al Congreso en decisiones que nada tienen de urgentes. Esta vez fue para modificar el Sistema de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART) con el objeto de reducir la litigiosidad por accidentes laborales. En criollo básico: de ahora en más los trabajadores deberán pasar por comisiones médicas antes de recurrir a la Justicia, una traba en su posibilidad de defensa y una medida clara de flexibilidad en las condiciones de trabajo. El otro DNU fue para reprogramar los feriados, quitar los días puente que terminan con los fines de semana largos, y declarar móviles dos fechas dolorosas de nuestra historia más reciente: el 24 de marzo, Día de la Memoria, la Verdad  y la Justicia y el 2 de abril, por la guerra de Malvinas. En lo que va de su gestión, un año y un mes, el Presidente rubricó un total de 20 DNU.

Llama la atención que en el caso del decreto de las ART, existe un proyecto que ya había obtenido media sanción en el Senado, y resta su tratamiento en Diputados. ¿Por qué entonces esquivar el Congreso? La historia puede ayudar a encontrar alguna respuesta.

Desde la sanción de la Constitución en 1853 hasta 1983, es decir, en 130 años se firmaron nada más que 25 y siempre para dar respuestas excepcionales y urgentes. Durante la presidencia de Justo J. de Urquiza, en 1854 se creó por decreto las mensajerías nacionales para correr las postas en el servicio de correo; en 1856 se prorrogó un convenio de concesión del Banco de la Confederación, aunque por ley el presidente no estaba autorizado para hacerlo, y en 1858 se rebajó el derecho de importación de aguardiente de caña que no excediera el 21% de graduación alcohólica. Santiago Derqui, en 1861 estableció por decreto que no se recibirían más pagos de aduanas con los bonos o billetes de tesorería que se venían utilizando hasta entonces.

Hay que correr 30 años para volver a encontrar un decreto en medio de la crisis económica de 1890 que provocó la renuncia del presidente Miguel Juárez Celman por lo que el vice Carlos Pellegrini debió completar el mandato. Entonces firmó dos decretos. Uno en 1891 por el que se suspendió los términos legales y comerciales por razones de emergencia económica los días 5, 7 y 9 de marzo, y el otro en 1892 por el que se eliminó el registro de la numeración de billetes que se quemaban.

En el siglo XX, en 1933, durante lo que se conoce como la “Década Infame”, el presidente Agustín P. Justo por decreto modificó el régimen de la moneda y su tipo de cambio desdoblándolo en oficial y libre. Es interesante mencionar a su ministro de Hacienda, Federico Pinedo, abuelo del actual Pinedo. Durante los gobiernos de Juan D. Perón por decreto se nacionalizaron la Unión Telefónica y los Ferrocarriles. Arturo Frondizi decretó el Estado de Sitio, creó empresas estatales para la explotación del carbón y la energía eléctrica e implementó la represión a través del Plan Conintes que restringió los derechos individuales de los ciudadanos y terminó con cientos de ellos en las cárceles. Arturo Illia, en 1963, anuló por decreto los contratos petroleros firmados por el Estado con empresas extranjeras y María Estela Martínez de Perón, en 1975 reglamentó el derecho de opción para salir del país y firmó el decreto 261/75 por el que ordenó a las Fuerzas Armadas aniquilar la subversión lo que permitió el nefasto “Operativo Independencia”.

De regreso a la democracia, en 1983, Raúl Alfonsín firmó un total de 10 de decretos entre los que se destacan en 1985 el del Plan Austral por el que se modificó el signo monetario y la paridad cambiaria, en 1986 dispuso el estado de emergencia previsional y en 1987 trasladó el feriado del 2 de abril al 10 de junio por la guerra de Malvinas.

Con Carlos Menem, en 1989, se inauguró el “festival de los DNU”. En sus dos mandatos hasta 1999 firmó 545 algunos de ellos declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia pero muchos años después de haber sido dictados. Es decir que hasta su rechazo tuvieron vigencia.

Con la reforma constitucional de 1994 el artículo 99 inciso 3 autoriza el uso de DNU “solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de partidos políticos” y dispone que el jefe de gabinete de ministros en un plazo de 10 días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente”. Dice después que “una ley sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso”.

Recién en 2006, ocho años después, la ley 26.122 estableció la conformación de la Comisión Bicameral compuesta por 8 diputados y 8 senadores respetando la proporción de la representación política, permitió la votación a libro cerrado y estableció la imposibilidad del Presidente para vetar la resolución legislativa. Pero no fijó un plazo para que el Congreso se pronuncie, por lo tanto el DNU sigue vigente hasta que ambas Cámaras lo rechacen.

Hasta el presente, la respuesta a los DNU que predominó en el Congreso fue el silencio, es decir, la aprobación tácita. Porque se necesita mayoría absoluta para rechazarlos lo que significa que es más difícil derogar un DNU que rechazar un proyecto de ley.

LOS PRESIDENTES Y LOS DNU

Nombre Período N° DNU
Raúl Alfonsín 1983-1989 10
Carlos Menem 1989-1999 545
Fernando De la Rúa 1999-2001 73
Eduardo Duhalde 2002-2003 158
Néstor Kirchner 2003-2007 270
Cristina Kirchner 2007-2015 76

Fuentes:

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