RENUNCIA A FUEROS PARLAMENTARIOS: UN GESTO “PARA LA TRIBUNA”

El diputado nacional y precandidato a senador, Sergio Massa, convocó a una sesión especial de la Cámara de Diputados para que apruebe la renuncia a sus fueros parlamentarios y la de todos los diputados que integran el interbloque del Frente Renovador, en el marco de la embestida del oficialismo en contra del ex ministro y hoy diputado nacional Julio De Vido. Cuestionó, además, que el resto de los bloques opositores no lo acompañaran. Pero lo cierto es que, más allá de la espectacularidad del gesto y su impacto mediático, los diputados no pueden ni deben renunciar a sus fueros, porque los fueros no son una prerrogativa personal sino un reaseguro del Parlamento para fortalecer su funcionamiento, libre de presiones del poder ejecutivo y también de los particulares que mediante denuncias judiciales podrían interferir en la actuación de sus miembros.

Por esa razón, los casos de desafueros no abundan en la historia argentina desde que comenzó a regir la Constitución Nacional. Veamos el origen de los fueros para comprender lo que hoy se discute.

En el siglo XIV, en Inglaterra, en donde el poder político del Parlamento crecía a pasos agigantados, surgió un importante contralor del rey y es aquí donde se encuentran los primeros vestigios de lo que luego se conocerán como privilegios parlamentarios. En el año 1341, el arzobispo de Canterbury, Jean Sttrattford —quien era perseguido por el rey— reclamó el derecho de ser juzgado por sus pares. Así fue como los Lores declararon que sus pares no podían ser citados ante la justicia ni condenados sino por el Parlamento, constituido en Alta Corte, porque en aquel tiempo no era extraño que las peleas políticas terminaran en decapitaciones, ahorcamientos u otros salvajismos.

Sin embargo, en 1397 el privilegio fue violado por primera vez con la condena de un miembro del Parlamento por proyectar la reducción de los gastos de la Corona. Pero cuando el rey Enrique IV ascendió al trono, el fallo fue anulado por considerarse contrario a la ley y a la costumbre del Parlamento. En cambio, en 1459, durante el reinado de Enrique VI en el caso de Sir Thomas Torpe se lo reconoció.

En 1512, a raíz de una nueva violación a los privilegios, el Parlamento dictó la primera ley que definió los fueros de sus miembros concediéndoles una acción en caso de ser molestados o vejados, ley que fue ratificada recién en 1667. Mientras tanto, en ese interregno, en 1621, el Parlamento formuló una declaración por la que sostuvo que cada miembro debía contar con pleno derecho para expresarse a través de la palabra, libremente, debiendo estar protegido contra las acusaciones, presiones o ultraje. Como respuesta, el rey Jabobo I disolvió el Parlamento y encarceló a sus primeros miembros. Finalmente, todo concluyó en 1869 con la llegada de Guillermo de Orange, y con el dictado del “Bill Of Rights” se contempló la libertad de palabra, las deliberaciones y los procedimientos en el Parlamento que no podrían ser materia de acusación en ninguna corte fuera de ese organismo.

Por su parte, en los Estados Unidos de Norteamérica el artículo I, Sección VI, cláusula I de su Constitución sostiene que durante el período de sesiones, así como cuando los congresales se dirijan a las mismas o de ellas regresen no podrán ser arrestados, excepto en caso de traición, delito grave o alteración de la paz. Tampoco se les puede pedir cuenta en otro sitio por discurso o debate sostenido en el seno de sus respectivas Cámaras.

En Francia, recién en 1789 los privilegios fueron contemplados a través de un decreto de la Asamblea que, entre medio del terror de la revolución, fue reconocido finalmente en las Constituciones de 1791 y 1793.

En la Argentina, los fueros y entre ellos la inmunidad de arresto, fueron incluidos en el Reglamento Constitucional del 22 de octubre de 1811 y desde entonces figuró en todos los reglamentos y cartas constitucionales que se dictaron. Desde 1853 se discutió hasta dónde llegaba esa protección. ¿Podía un juez indagar a un legislador por la comisión de un delito? ¿Podía procesarlo?

La propia Constitución establece algunos fueros o privilegios en forma expresa para el caso de los legisladores. El artículo 68 dispone que “ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador”. Este privilegio se conoce como inmunidad de opinión. La Constitución también otorga a los legisladores otro privilegio o fuero: la inmunidad de arresto. El artículo 69 establece: “Ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado…”.

El constitucionalista Germán Bidart Campos sostiene que si al tiempo de la elección de un legislador ya está en curso un proceso penal por un presunto delito cometido antes, la cámara no debería incorporarlo porque ella, como juez de la elección por el artículo 64 de la Constitución, habría de estimar que no reúne la condición de idoneidad precisada por el artículo 16 de nuestra ley fundamental. Esto fue lo que sucedió en 1999 y 2005 cuando se impidió que asumieran como diputados Antonio Bussi y Luis Patti, ambos acusados por crímenes de lesa humanidad.

Bidart Campos agrega que si por un delito anterior a la elección el legislador recién es sometido a proceso penal, debe aplicarse la inmunidad de arresto y el mecanismo del desafuero indicado por el artículo 70 de la Carta Magna.

Las inmunidades están dadas para el buen funcionamiento del Congreso y no para privilegio o beneficio personal de quienes lo forman. En este sentido, no pueden ser declinados o renunciados. Un legislador no podría aceptar someterse a juicio por sus expresiones cuando éstas estuvieran amparadas por la inmunidad del artículo 68, ni admitir su procesamiento penal sin previo desafuero. Es el Cuerpo Legislativo el que debe asumir la defensa al tratar la cuestión, porque la finalidad es defender a la institución de modo mediato aunque se vincule a alguno de sus integrantes en forma inmediata.

Además, con los fueros parlamentarios se protege al electorado que ha decidido que una persona que expresa una determinada corriente de opinión lo represente en una banca. Dar un desafuero y quitar esa representación, significa un cambio que se produce por voluntad ajena al propio electorado, por lo cual ello debe realizarse en determinados casos y con todas las garantías especiales, solamente en aquellos casos en que se afecte gravemente otro principio que esté en juego.

En 1893, la Corte Suprema de Justicia falló en el caso “Leandro N. Alem y otro”, cuando el entonces senador nacional fue encarcelado luego de la revolución radical de ese año. Se lo acusaba de sedición y rebeldía. Entonces, el fallo señaló: “La Constitución no ha buscado garantir a los miembros del Congreso con una inmunidad que tenga objetos personales, no por razones del individuo mismo a quien se hace inmune. Son altos fines políticos los que se ha propuesto, y se ha considerado esencial esa inmunidad, es precisamente para asegurar no solo la independencia de los poderes públicos entre sí, sino la existencia misma de las autoridades por la Constitución”.

En el siglo XX fueron pocos los casos en los que las Cámaras concedieron la suspensión de fueros. En 1949 fue desaforado el diputado Ricardo Balbín por desacato, luego de un discurso pronunciado en el Congreso Nacional Agrario de la UCR. El presidente Juan D. Perón ofreció indultarlo pero el radical lo rechazó. Fue preso con una condena de 5 años, pero finalmente fue indultado el 2 de enero de 1951. En 1991, el entonces diputado nacional Ángel Luque fue separado por la Cámara por “indignidad moral” en el marco del asesinato de la joven María Soledad Morales en Catamarca. En 1996, el Senado le quitó fueros al ex gobernador de Córdoba y entonces senador Eduardo Angeloz, luego de que lo pidiera un juez para investigarlo por enriquecimiento ilícito. Angeloz dejó el Senado por unos meses y regresó en 1997, luego de un acuerdo entre el PJ y la UCR. En 2000, en el caso del pago de sobornos por parte del gobierno de Fernando De la Rúa, el entonces vicepresidente Carlos Álvarez propuso que los senadores se sometieran a un “desafuero colectivo”, pero no prosperó.

En cambio, en ese mismo año, el Congreso sancionó la ley 25.320 que vino a saldar la cuestión. De acuerdo al régimen vigente, cuando se abra una causa penal en la que se impute la comisión de un delito a un legislador el trámite seguirá su curso normal, y sólo cuando se ordene la detención del legislador, antes de hacerla efectiva el juez deberá solicitar el desafuero. Sólo se podrá hacer efectivo el arresto una vez que el legislador haya sido desaforado por la Cámara correspondiente. Los fueros parlamentarios no impiden la indagatoria, ni el procesamiento, ni la elevación a juicio.

Es que los legisladores de entonces, aún en la mayor crisis política e institucional que vivió la Argentina, prefirieron defender los principios constitucionales a realizar gestos ampulosos que no solo no resuelven las cuestiones sino que además las agravan porque debilitan aún más las instituciones.

Fuentes:

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