SE LA LLEVARON POR LA FUERZA, DESCALZA Y EN PIJAMA

La diputada ante el Parlasur y dirigente social Milagro Sala fue trasladada, sin notificación previa y por la fuerza, de la casa donde cumplía su detención domiciliaria y retornada a la prisión de Alto Comedero en Jujuy. La policía provincial irrumpió a las 7 de la mañana cubriendo sus rostros con pasamontañas y se la llevó en un auto sin patente, descalza y en pijama del domicilio donde se alojaba en cumplimiento de la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El organismo internacional, tras resaltar que no existe una condena firme y luego de que visitaran el penal, sostuvo que “la señora Milagro Sala se encuentra en una situación de gravedad y urgencia toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable”. Sin embargo, el juez Pablo Pullen Llermanos, quien no tiene jurisdicción sobre su prisión domiciliaria, dispuso retornarla al penal con la excusa de que Sala no cumplió con una revisión médica que debía realizarse.

La metodología de la detención recuerda a la de los grupos de tareas que hace más de 40 años atrás irrumpían en los domicilios particulares para detener a personas que luego engrosaron las filas de los 30 mil desparecidos. Pero Jujuy, además, cuenta con tristes antecedentes de represalia y crueldad con los pueblos originarios a los que, desde los tiempos de la colonia, se los castigó con penas “ejemplificadoras” para el resto que intentara rebelarse, aún pasando por encima de la ley.

Esto sucedió en 1781, cuando desde Tinta, en el Alto Perú, los ecos de la rebelión de José Gabriel Condorcanqui —Túpac Amaru II— y su esposa Micaela llegaron hasta Jujuy, que entonces estaba bajo la dependencia de la Gobernación del Tucumán, a cargo del capitán general Andrés Mestre.

Ya tenemos rey Inca” fue la voz que corrió y se produjo la sublevación en la que participaron no solamente indígenas sino también criollos, cansados de los malos tratos y de las injusticias. Pero fueron derrotados y castigados con crueldad. Así se lo informó el gobernador Mestre al virrey Juan José Vértiz cuando le explicó que los jefes militares “habían logrado avanzar a dichos matacos y apresar el número de 65 bien armados, 12 pequeños, 12 mujeres y la vieja que traían por adivina y que los conducía a la ciudad”.

Después le dice que “considerando el disgusto del vecindario, las ningunas proporciones de asegurarlos y transportarlos al interior de la provincia sin un crecido costo de la real hacienda, (…) los mandé pasar por las armas y dejarlos pendientes de los árboles en caminos, para que sirva de terror y escarmiento a los demás”. Es decir, Mestre mandó a degollar sin juicio alguno a 90 personas, entre ellas 12 niños y 13 mujeres, para no disgustar a los vecinos.

Más tarde, cuando lograron detener a otros 30 sublevados —en su mayoría criollos—, Mestre ordenó la ejecución directa de 10 de ellos. A los otros 20 que no condenó individualmente a la pena de muerte decidió “quintarlos”, es decir, matar a uno de cada cinco eligiéndolos en forma arbitraria y al azar. A los 16 que quedaron con vida les mandó a estampar a fuego la letra R, por rebelde, en la parte carnosa de la cara.

Mestre, con absoluto conocimiento, pasó por encima de las leyes que entonces estaban vigentes. Así se lo señaló el fiscal del virreinato, doctor Pacheco, cuando dictaminó: “A la especie de penas impuestas a estos delincuentes, y especialmente a los 16 que quedaron de los 20 quintados, ofrece reparo la ley título 31 de partida séptima, que prohíbe en la imposición de castigos la marca o señales en la cara con yerros calientes como se han ejecutado en los predichos reos, estampándoles la letra R en prueba de rebelión”. Respecto al degollamiento de los otros 90 indios sin juicio previo, por la mera sospecha de haber ido en ayuda de los sublevados, el fiscal sostuvo que “no puede justificarse de acuerdo con el derecho vigente”.

Pero el dictamen del fiscal no fue tomado en cuenta. Enterado el virrey Vértiz, no solo no tomó medidas en contra del funcionario que había violado el derecho indiano, sino que es muy probable que lo haya elogiado ante su superior jerárquico, el ministro de Indias José de Gálvez, quien le comunicó al gobernador del Tucumán el beneplácito del rey: “Ha aprobado el rey todo lo ejecutado por V.E. así en esta ocasión como en las anteriores inquietudes de que tiene dado cuenta; y en prueba de lo agradable que han sido a Su Majestad las acertadas providencias con que usted ha ocurrido a que no tomen cuerpo los excesos escarmentando a los demás con los castigos de los principales delincuentes de la conjuración, me manda Su Majestad dar a usted, como lo hago en su Real Nombre, las mas expresivas gracias por tan señalados servicios”.

Esto sucedió hace 236 años. Hoy, hace más de un año y medio que Milagro Sala está presa sin sentencia igual que sus compañeros de organización, acosados, amenazados y maltratados en el Alto Comedero. Pero parece que las autoridades retomaron la antigua costumbre de los reyes y virreyes de escarmentar con crueldad a quienes se rebelan ante la injusticia y la desigualdad, aún pasando por encima de la ley. Y si son indios qué importa. Todo sea por no disgustar al vecindario y escarmentar a los rebeldes.

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