“SI NOSOTRAS PARAMOS, EL MUNDO PARA”

El Paro Internacional de las Mujeres que se realizará mañana en 57 países del mundo tiene como consigna “Si nosotras paramos, el mundo para”, y los reclamos comunes serán en contra de los femicidios (en la Argentina se registraron 57 femicidios en lo que va del año), la brecha salarial entre varones y mujeres (las mujeres ganan un 30% menos por igual trabajo), el acoso y todas las desigualdades de la sociedad patriarcal.

En el país, después de que el Presidente habilitara el debate sobre la despenalización del aborto durante su discurso en la apertura de la Asamblea Legislativa aunque aclaró que estaba en contra de esta medida, el viejo reclamo tomó especial protagonismo. Pese a que la mayoría de las organizaciones de mujeres percibieron que este anuncio pretendía distraer y sacar a la economía que hoy derrapa en la Argentina del centro de la atención, coincidieron en que se trataba de una oportunidad para activar el tema. Y legisladoras y diputados de distintos partidos políticos, presentaron un proyecto para que finalmente el aborto voluntario sea despenalizado.

Es que desde el retorno a la democracia en 1984 cerca de 30 proyectos fueron presentados en el Congreso de la Nación, sin que ninguno fuera tratado en el recinto hasta hoy. De esta manera, el debate en la Argentina que ya suma casi cien años otra vez intentará convertirse en ley en el marco de que los abortos clandestinos son hoy la primera causa de muerte materna, sobre todo en los sectores populares que son las que no pueden pagar las intervenciones.

En 1919, Enrique Del Valle Iberlucea del Partido Socialista presentó una reforma del Código Penal, acompañado por las firmas de los autonomistas Pedro Garro y Joaquín V. González, que proponía ampliar la no punibilidad del aborto más allá del riesgo de vida de la mujer, tomando como base el Código Penal Suizo de 1916. Pero no prosperó por la oposición de la jerarquía de la Iglesia Católica.

En 1921, el nuevo Código Penal sancionado por la Ley 1.179 retomó aquel proyecto y dispuso en su artículo 86 que el aborto no sería punible “si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre”, y “si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”.

No se sabe si fue adrede o se les pasó, lo cierto es que los juristas olvidaron en el segundo inciso poner una coma después de la palabra “violación”, por lo que quienes se oponían a la despenalización del aborto argumentaron que el nuevo Código no abarcaba a todas las mujeres sino sólo a la idiotas y dementes.

En 1968, el dictador Juan Carlos Onganía, por el Decreto 17.567 introdujo la idea de “gravedad” en el peligro de la vida de la madre, y la obligatoriedad de la acción judicial en caso de violación. También agregó el consentimiento del representante legal en caso de que se tratara de menores, idiotas o dementes.

En 1973, estas modificaciones quedaron sin efecto y volvió a tener vigencia la redacción de 1921. Durante la dictadura cívica eclesiástica militar de 1976, por Decreto Ley 21.338 se restauraron las modificaciones de Onganía, y con el regreso a la democracia se dejó sin efecto las reformas introducidas en el Código Penal por los militares y una vez más se volvió a la versión de 1921. Es decir, quienes se oponían a la despenalización del aborto siguieron usando el argumento de “la coma”.

“La coma” abarcó todo el siglo XX, hasta que recién en 2012, es decir hace apenas seis años, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo sosteniendo por unanimidad la no punibilidad del aborto en todos los casos de violación.

El proyecto presentado ahora, basado en la propuesta de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, contempla que la mujer pueda interrumpir su embarazo en cualquier caso, siempre y cuando se haga dentro de las primeras 14 semanas de gestación. Actualmente, la práctica del aborto cuando no es producto de violación o no está en riesgo la vida de la madre, tiene una pena de 4 años de cárcel tanto para la mujer como para el médico que lo practique, y de 10 años en caso de que el procedimiento se realice sin consentimiento de la mujer.

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