MUJERES MAPUCHES TRASLADADAS DE MADRUGADA A BUENOS AIRES

La jueza federal de San Carlos de Bariloche, María Silvina Domínguez, luego del desalojo del Lof Lafken Winkul Mapu, ordenó la detención de siete mujeres mapuche. Cuatro de ellas, Andrea Despo, Luciana Jaramillo, Débora Vera y Florencia Vega, fueron trasladadas desde la provincia de Río Negro al penal de Ezeiza en la provincia de Buenos Aires. Las separaron de sus hijos e hijas menores que quedaron en su territorio. Las trasladaron por la noche, sin notificar a sus defensas, y sin siquiera comunicarles cuál es el delito que se les imputa. Las otras tres quedaron detenidas en Bariloche. Dos porque están en estado de lactancia y Romina Rosas, con 40 semanas de gestación, fue obligada a dar a luz en el hospital de esa ciudad, separada de su comunidad. Después de las manifestaciones de repudio, incluida la renuncia de la ministra de Mujeres y Diversidades de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, la jueza dispuso devolverlas a su provincia donde permanecerán detenidas.

El 4 de marzo de 1885, cuando culminó la mal llamada Campaña del Desierto, el diario El Nacional publicó un artículo en el que describía el sufrimiento al que entonces se sometía a los conquistados trasladados también a la provincia de Buenos Aires, y definía sin ningún pudor como “espontánea” la presentación de las poblaciones orginarias: “Llegaron el otro día a Villarino varios caciques con sus familias. La tristeza, la desesperación, el llanto, a pesar de haberse presentado espontáneamente, no cesaron hasta algunos días después de la llegada. Algunas familias fueron entregadas a otras de nuestra sociedad. Así debe hacerse. Porque lo que hasta hace poco se hacía era inhumano, pues se les quitaba a las madres sus hijos, en su presencia y sin piedad, regalarlos a pesar de los gritos, los alaridos y las súplicas que hincadas y con los brazos al cielo dirigían. Este era el espectáculo en el Retiro y todos los que lloraban su cruel cautiverio lloraban de espanto en vez de alegrarse y sonreír en medio de nuestra gran civilización”.

Las tierras de donde habían sido desalojadas estas comunidades fueron mensuradas, registradas y entregadas por el Estado a particulares. Se reservaron terrenos para la fundación de pueblos y el establecimiento de los indígenas que se “sometían voluntariamente”. Se crearon reducciones y misiones religiosas. Otros, fueron incorporados al ejército, enviados al norte como cosecheros, las mujeres y los niños se distribuyeron en Buenos Aires como criados por las sociedades de beneficencia.

Casi una década después, en 1904, en su Informe Sobre la Situación de la Clase Obrera en la Argentina, Bialet Masse, dirigiéndose al gobierno encabezado por Julio A. Roca, el mismo que había comandado la campaña en contra de los indios, escribió: “He leído y leo que hay quien pide guerra y exterminio; pero ese ultraje a la humanidad no ha de cometerse por una nación civilizada, que no se contenta con figurar en el común de las naciones, sino que aspira a ocupar y ocupará un lugar entre las que marcan eras de grandes civilizaciones. ¡Una hecatombe de 40.000 hombres y de 60.000 mujeres y niños inocentes! ¡No se piensa en lo que se dice, hay un extravío de la razón!”. Y después agregó: “He visto el abuso y el delito; veo la Constitución y las leyes, y me hago eco del clamor de la justicia. Lo que sucede con el indio no es más que la exageración de la causa de lo que se hace con el criollo en aquellas apartadas regiones; el malón del indio no es ahora tan grave ni tan frecuente como la cuatreña, ni la sublevación del indio es más perniciosa que la revolución política. ¿Se querrá exterminar al pueblo entero? ¿Con quién se quedarán los exterminadores? ¿Y de qué vivirán? ¿Traerán una falange de ángeles del cielo para hacer un nuevo pueblo?”.

Recién en 1985, se sancionó la Ley 23.302 de “Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes”; y la reforma de la Constitución Nacional de 1994 reconoció, en el artículo 75 inciso 17, “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas” y garantizó “el derecho a su identidad, a una educación bilingüe e intercultural, a la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan, a la personería jurídica de sus comunidades y a la participación en la gestión de sus recursos naturales y de todo otro tema que los afecte”.

En 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner y cuando el actual Presidente era su Jefe de Gabinete, la ley 26.160 dispuso el freno de los desalojos y puso en marcha el “Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas”. Esa ley declaró “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes”. Resulta incomprensible que, teniendo leyes y una Constitución, y con un gobierno definido como “nacional y popular”, nos estemos planteando lo mismo que Bialet Masse le preguntaba a Roca.