EL GOLPE DE 1955 TAMBIÉN APELÓ A LA “TRAICIÓN A LA PATRIA”

65 años del derrocamiento de Perón

A pocos meses de producido el golpe de estado del 16 de septiembre de 1955 que derrocó a Juan D. Perón y lo obligó al exilio, el mandatario constitucional destituido denunció entre las arbitrariedades del gobierno de facto el “procedimiento judicial ante los tribunales nombrados por la tiranía de todos los miembros del parlamento argentino constitucional, bajo la imputación de ‘traidores de la Patria’. Hombres y mujeres fueron arrestados, engrillados y procesados ante el público, pidiendo el ‘fiscal’ pena de  ‘prisión perpetua’ en la cárcel de Ushuaia, donde se hallan actualmente un gran número de ellos”.

Esta denuncia en su libro La fuerza es el derecho de las bestias, escrito en 1956, se refería a que los diputados peronistas fueron perseguidos y encarcelados bajo la acusación de que habían violado el artículo 20 de la Constitución Nacional por cuanto habían otorgado la suma del poder público al Ejecutivo. En verdad, lo que habían hecho fue expresar su apoyo al presidente luego de que sufriera un atentado en la Plaza de Mayo.

En el Libro Negro de la Segunda Tiranía, en el que se publican las conclusiones de la Comisión Investigadora formada luego del golpe, acusaron a los diputados porque el 18 de abril de 1953 manifestaron al presidente que apoyaban “todas las medidas que creyera necesarias adoptar para afianzar la obra de la revolución peronista, eliminando los obstáculos que se opongan al cumplimiento de tan patriótica finalidad, procediendo de acuerdo a su altísimo criterio y serena voluntad, y obedeciendo únicamente a los dictados de su pensamiento y de su convicción”,  y juraron, además, “ser guardianes y ejecutores celosos de todas las directivas que imparta, vigías alertas a sus órdenes en la marcha de la revolución peronista, custodios insobornables de su doctrina, poniendo al servicio de estos fines supremos nuestra acción y nuestras vidas”.

En el párrafo siguiente, los usurpadores del poder afirmaron: “Esa declaración que implicaba el compromiso de conceder al jefe del gobierno facultades extraordinarias y la suma del poder público, delito castigado por la Constitución Nacional con la ‘pena de los infames traidores a la patria’, no había sido formulada en situación de peligro exterior, sino a los tres días de aquel en que el dictador —el presidente constitucional Juan Perón— lanzó sus fuerzas de choque a quemar las sedes de los partidos políticos y del Jockey Club”.

Lo que los “libertadores” olvidaron explicar en su libro es que esos incendios se produjeron tres días después de que el 15 de abril de 1953 explotaran bombas en la Plaza de Mayo durante un acto organizado por la CGT mientras el presidente de la Nación pronunciaba un discurso.

El historiador Félix Luna, al que no se lo puede sospechar de peronista, explicó que “un grupo de jóvenes activistas habituales de la FUBA, que se habían adiestrado en el manejo de armas y explosivos, ya habían intentado matar a Perón en uno de sus viajes, pusieron explosivos durante un acto que realizó la CGT en la Plaza de Mayo, que tenía al presidente como orador”. Murieron siete personas y alrededor de cien quedaron heridas. Luego se conocieron los apellidos de algunos de los autores del atentado: Álzaga, Lanusse, Elizalde, que se declaraban “independientes”, y entre los radicales figuraban Arturo Mathov y Roque Carranza, quien luego fuera ministro de Raúl Alfonsín y que tras su muerte, una estación del subterráneo de la ciudad de Buenos Aires fue bautizada con su nombre que aún conserva.

Los diputados peronistas no cedieron ninguna facultad extraordinaria ni la suma del poder público. Simplemente, expresaron su apoyo al presidente de la Nación en una situación crítica que los golpistas olvidaron mencionar en su informe.

Tanto para los actos del pasado como para el presente vale la reflexión del historiador Fermín Chávez, quien explica que para el pensamiento liberal “la Revolución de Mayo no se hizo para constituir una nación como fin en sí. La nación se realizaba como medio para llegar a lo que Caseros logró —se refiere a la batalla de Caseros de 1852 que derrocó al gobernador Juan Manuel de Rosas—: la creación de un sistema institucional. Así los atributos que corresponden a la nación son subsidiarios de los que corresponden a lo institucional; de aquí que la traición a la Patria no resulta de la negación de su soberanía, sino de la alteración de su régimen institucional. En tal mentalidad, atentar contra ese régimen es motivo previsto en la Constitución. En cambio no lo es aliarse con el extranjero si el motivo es defender las instituciones, cualquiera sean las concesiones que se hacen al extranjero y que son imprescindibles porque el extranjero recaba precio. Esta actitud era lógica en los vencedores de Caseros que cohonestaban así su alianza con el extranjero como medio para realizar lo institucional, pero se sigue adoctrinando sistemáticamente en la enseñanza de la historia para lo cual los réprobos son los que defendían la soberanía y los próceres los que le traicionaban para fines institucionales”.

Fuentes:

• Perón Juan D. La fuerza es el derecho de las bestias. Instituto Nacional Juan D. Perón. Bs. As. 2010.
•  Libro Negro de la Segunda Tiranía. Decreto Ley Nro. 14.988/56. Bs. As. 1958.
• Luna, Félix. Perón y su Tiempo. Tomo III. Editorial Sudamericana. Bs. As. 1987.
• Jauretche, Arturo. Los profetas del odio y la yapa. Editorial Corregidor. Bs. As. 2012.
• Imagen: Noticias/Perfil.