VICENTÍN Y LA RENTA AGRARIA DIFERENCIAL

El anuncio de la intervención del Estado en la empresa Vicentín y las reacciones que produjo en el establishment y en la oposición que lo representa, nos lleva a pensar en uno de los conflictos no resueltos en nuestra historia desde que Bartolomé Mitre impuso el modelo agroexportador en la Argentina, asociado a la división internacional del trabajo impuesto entonces por Inglaterra, que nos condenó a exportar materia prima sin elaboración y luego recibir los productos manufacturados desde fuera. .

Primero veamos cuál es la historia de Vicentín y qué pasó a lo largo de los años.

Los hermanos Máximo, Pedro y Roberto Vincentín llegaron a la Argentina desde Italia como tantos inmigrantes, y en 1920 fundaron un pequeño comercio de acopio y ramos generales en Avellaneda, al norte de la provincia de Santa Fe. Fueron creciendo y en 1937 se convirtieron en una primera planta desmotadora de algodón. En 1943, con el apoyo del Estado al desarrollo de la industria, montaron una pequeña fábrica de aceite, en la que molían algodón, lino y maní. En 1966, incorporaron a esta industria el proceso de extracción de solventes, que es el que actualmente se usa en el procesamiento de los derivados de la soja. Y en esto fueron pioneros. En 1979 lograron instalar en San Lorenzo, a orillas del río Paraná, una nueva planta de extracción con capacidad de 2 mil toneladas por día. En 1985 iniciaron el camino como agroexportadores, con la inauguración de su propia terminal de embarque. En 2007, junto con la multinacional GLENCORE comenzaron la construcción de RENOVA, una de las primeras plantas de biodisel que tuvo el país. Para entonces ya reinaba la soja, con la que se podía hacer aceite, y con el aceite se podía producir biocombustible renovable compatible con el gasoil. Todo esto siempre dentro del negocio de la molienda.

Pero en 2004 ya habían dado los primeros pasos hacia la diversificación de sus negocios fuera de lo agrícola. Primero compraron el frigorígico FIAR, la mayor fuente de trabajo privado en la ciudad de Reconquista. En 2008 compraron la marca de algodones Estrella e inauguraron también una nueva planta textil. En 2009, con el excedente del negocio de la soja, sumaron viñedos y montaron una bodega en Mendoza que, en 2016, se  agrandó con la adquisición de otro trapiche. En 2012 se puso en marcha una planta de bioetanol de maíz en Avellaneda. En 2016 invirtió 100 millones de dólares para adquirir la línea de productos frescos (postres, yogures y flanes de SANCOR a través de una sociedad controlada llamada ARSA).

Los Vicentín también son dueños de puertos, de una fábrica de envases y hasta de un engordadero de ganado, Los Corrales de Nicanor, cerca de Reconquista. También son dueños de Algodonera Avellaneda, de ENVAV (que produce jugo de uva concentrado) y de PROMIEL.

Superproductivos los Vicentín. Pero entonces, ¿qué pasó? Ocurrió que se fueron sucediendo las generaciones, y cambiaron la forma de hacer negocios.

A la primera generación, la de los inmigrantes, la continuó la segunda generación, que fue la que produjo la gran expansión. Después, llegó la tercera generación, que es la actual,  que se metió con el favoritismo político, los subsidios,  y adquirió la cultura de la importancia y del poder que brilló en los 90. Cuando en febrero de este año la empresa pidió el concurso preventivo de acreedores, esta tercera generación estaba tomando sol en Punta del Este. Esta es la gran diferencia con los fundadores, que fueron gente de trabajo, de clase media, que empezaron desde muy abajo. Hay una anécdota que explica bien lo que sucedió: uno de los primos Vicentín que trabajó siempre en la compañía a cambio de un salario, nunca retiró los dividendos que le correspondían por ser uno de los cien accionistas de la empresa porque, como la mayoría de sus parientes, nunca cambió de casa ni de pretensiones. Ahora tendrá que ir a reclamar lo que le corresponde a un juzgado comercial, igual que el resto de los acreedores.

Veamos ahora por qué pudieron crecer y hacer tanto dinero. Y es que a Vicentín aplica lo que a casi todo el agro y es la Renta Agraria Diferencial, que fue lo que Perón en sus dos primeros gobiernos aplicó para producir una redistribución de la riqueza y para fomentar la industria.

La Renta Agraria Diferencial es la ganancia obtenida al vender nuestra producción agropecuaria en el mercado mundial, por los bajos costos de producción en la Argentina debido a la fertilidad de los campos y a las óptimas condiciones climáticas. Raúl Scalabrini Ortiz decía que el costo del kilo de carne producido en la Argentina era cinco veces menor al costo del kilo de carne producido en Francia. Federico Pinedo (bisabuelo del Pinedo actual del PRO y ministro en la Década Infame) aseguraba que era ocho veces menor. Es decir que, en condiciones normales, los precios obtenidos por nuestras exportaciones reditúan una superganancia o renta diferencial enorme.

Pero ¿qué pasaba con esa renta? Una parte se la quedaban las empresas británicas en las distintas etapas de comercialización: transporte ferroviario, silos, seguros, frigoríficos, puertos, consorcios exportadores de cereales, transporte marítimo, etc. La otra parte de esa renta se la quedaban los productores locales y era lo que les permitía viajar a Europa con la vaca atada, tirar manteca al techo o construir los palacetes de Barrio Parque. Nunca reinvirtieron el excedente en el país.

Cuando llegó Perón creó el Instituto Argentino de la Promoción del Intercambio (IAPI), que era un organismo del estado que centralizó el comercio exterior y pudo transferir recursos entre los distintos sectores de la economía, entre ellos, la industria. EL IAPI pudo captar esa renta diferencial regulando a las cuatro casas cerealeras de esa época que eran Bunge y Born, Luis Dreyfus, La Plata Cereal y Lous De Ridder. No expropió a las cerealeras de exportación, sino que se superpuso a ellas imponiéndole sus normas: compra al productor a mejores precios de los que pagaban los consorcios y venta al exterior discutiendo los precios en los mercados mundiales o en los tratados comerciales bilaterales, reteniendo para sí una buena parte de la renta agraria diferencial que, además, eran divisas que siempre escasearon y escasean en la Argentina. En aquel tiempo no se podía emir libras esterlinas en la Argentina, y hoy no se puede emitir dólares.

Vicentín es la sexta exportadora de granos del país. Cuando el presidente Alberto Fernández, en la conferencia de prensa, anunció el rescate de Vicentín, dijo tres cosas que puso muy nervioso al establishment. Habló de contar con una empresa testigo, de la planificación estratégica del mercado de cereales y del mercado cambiario, y de la soberanía alimentaria. Es decir que tomando el control de la compañía el Estado ingresaría como participante en el negocio de mayor rentabilidad de la Argentina: en la producción agropecuaria, en el complejo agroexportador  y en el mercado cambiario con la generación de dólares comerciales. Podría mirar desde dentro cómo retienen las cosechas, cómo venden una parte de la producción en negro, cómo presionan para lograr la devaluación de nuestra moneda cuando no liquidan en dólares lo que vendieron. El Estado, desde dentro, podría ver cómo triangulan operaciones con firmas off shore para no pagar impuestos y también cómo influyen en los precios internos que perjudican a pequeños productores y a los consumidores.

Cuando protestan no están defendiendo la seguridad jurídica, ni las finanzas públicas y mucho menos a la Constitución Nacional. Porque si el Estado controla esa empresa, ya no se quedaría con una porción de la renta agraria extraordinaria vía impuestos como fue la Resolución 125, sino que actuaría desde el mismo interior del poder económico concentrado. Podría determinar costos, precios, cadena de proveedores, definir políticas específicas para pequeños productores. Por ejemplo: cuando los molinos dicen que no hay harina, y por esa razón sube el precio y por lo tanto también aumentan los fideos y el pan, desde dentro de esta empresa el Estado podrá tener un diagnóstico preciso y contará con la capacidad para intervenir y disminuir los costos económicos y sociales porque podrá anticipar cómo viene la producción. Esto implicará mayor rentabilidad, protección al consumidor y mayores ganancias para los pequeños productores. Y además podría evitar una mayor concentración y extranjerización de un sector clave.

Por eso se queja y opera el establishment, siempre más ligado a los intereses extranjeros que a los propios, y que en los últimos cuatro años ni siquiera emitió un comunicado cuando el anterior gobierno persiguió empresarios, los metió presos, intentó que amigos suyos se quedaran con las compañías, despreció a los industriales, utilizó el poder judicial para apretarlos, los espió y les hizo perder plata como nunca. Y el mejor ejemplo es Vicentín.